El recorte que ha sufrido el presupuesto público, tanto estatal como autonómico, destinado a los servicios sociales se eleva a 500 millones de euros desde el comienzo de la crisis, según datos del Ministerio de Economía. Sólo en Castilla-La Mancha la tijera se ha llevado por delante un 32% del gasto público en dependencia, hasta quedarse en los 96 millones previstos para este año. Los damnificados de esa política son un puñado de organizaciones que han gestionado durante años servicios de los que las comunidades autónomas no querían hacerse cargo. Vivían casi exclusivamente de subvenciones y programas públicos, y ahora agonizan. Le ha ocurrido a Cocemfe (Confederación Española de Personas con Discapacidad Física y Orgánica) en Castilla-La Mancha, que acaba de acogerse al concurso voluntario de acreedores. También arrastra serios problemas Cocemfe en Andalucía y Murcia.
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- La organización adeuda a algunos de sus empleados hasta 10 nóminas
- Arrastra problemas similares en Andalucía y Murcia
